Las investigaciones de la Fiscalía de la Nación el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol Agustín Lozano y otras 12 personas por posiblemente ser parte de una organización criminal.
La pesquisa a cargo de la Fiscalía de la Nación se abrió en febrero del presente año 2023 por un presunto agravio a los clubes profesionales de la primera división del fútbol peruano.
Al respecto, el diario Correo (citamos la fuente) tuvo acceso a un documento fiscal en el que se consignó la declaración de un testigo protegido (de clave No. 01-2023-3 FECOR) que dio detalles al Ministerio Público sobre “serias irregularidades” cometidas al interior de la FPF en beneficio de allegados de Lozano, las cuales complican más la situación del directivo.
En el documento fiscal se indica que el testigo alerta que se estaría realizando un uso indebido de las instalaciones de la FPF y que también se estaría disponiendo de ropa deportiva de la selección peruana para otros fines.
El colaborador sostiene, también, que días antes de que la Fiscalía allanara las oficinas de la citada federación, el 24 de mayo último, se hizo un “presunto cambio de computadoras de las trabajadoras Roxana Bello y Rosa Alva”. Todo ello, para que -aparentemente- el Ministerio Público no encuentre información que comprometa o vincule al directivo con algunos hechos irregulares.
No obstante, una de las acusaciones más graves que hizo el testigo fue que la FPF costeó los gastos de los viajes de personas cercanas a Lozano a Qatar para el repechaje de la Copa del Mundo 2022.
“Respecto al viaje para disputar el partido en Qatar, los gastos de los invitados, que son básicamente familiares de los jugadores y cuerpo técnico, fueron asumidos a cuenta y costo de la FPF, y que dentro de la lista de invitados estarían el chofer de Agustín Lozano, el señor Juan Carlos La Rosa, las esposas de Fredy Ames, Miñan y de Agustín Lozano”, se lee en el documento fiscal
Por su parte, la Fiscalía ha agregado en la documentación que, cuando allanó las instalaciones de la FPF el 20 de mayo, encontró a seis personas pernoctando en el edificio.
Por ello, añadió, ha solicitado documentación para establecer la relación laboral de ellos con la FPF, así como los motivos por los que utilizaron las habitaciones de la federación.
Como se recuerda, a Lozano se le acusa de liderar una presunta organización criminal con la que, al parecer, se aprovechó de los recursos de esa institución y realizó otros actos ilegales, como extorsiones contra algunos equipos del campeonato peruano por derechos de transmisión televisivos.
Esa investigación no es la única que complica a Lozano. Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional ha denunciado que esa red criminal también se organizó para lograr que los estatutos de la FPF sean aprobados irregularmente.
Sobre este último punto, la Comisión de Fiscalización emprende una indagación en el Congreso. Lo que se investiga son dos actos administrativos ante una institución pública del Estado como la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).
Una es la investigación al estatuto de la FPF y la otro es la irregularidad de la inscripción de la Junta Directiva de la FPF, los cuales tendrían connotación de responsabilidad penal.
“En 2016 se emite una resolución final de la Corte Suprema de Justicia donde el Poder Judicial ordena que no se inscriba a esa junta directiva y tampoco se apruebe la modificación. Llama la atención que en el 2019, después de un tedioso proceso judicial, el juzgado remite las piezas procesales a los registros públicos para que no se inscriba la junta, pero hace unos años la SUNARP indica que se han perdido esas piezas procesales”, explicó Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización sobre el caso.
Otro caso en contra de Lozano es el que la Fiscalía le abrió el 27 de agosto del 2020. Allí se le imputó el delito de lavado de activos por el caso de reventa de entradas para el Mundial de Rusia del 2018.
Según la investigación preliminar, todo ocurrió en momentos en que Perú se enfrentaba a Uruguay en el Estado Nacional, el 27 de marzo de 2017. En ese entonces, se habría determinado que Lozano hizo trámites de las compras vía Whatsapp y pagó más de 58 mil soles por 670 entradas.
Otro caso se inició el 28 de setiembre del 2022. El Ministerio Público dispuso formalizar investigación contra Lozano en su condición de exalcalde de la Municipalidad Distrital de Chongoyape (Chiclayo) por el delito de enriquecimiento ilícito en agravio del Estado.
Según la investigación fiscal, durante los dos periodos que ejerció el cargo de alcalde (2011 – 2014 y 2015 – 2018), Lozano Saavedra habría abusado de su posición al incrementar ilícitamente su patrimonio, con la adquisición de -entre otros- muebles, inmuebles, capital social, empresas y más, apreciándose un desbalance patrimonial de más de S/2.8 millones.
