Existe un rasgo común en todos aquellos que forman organizaciones criminales: creen que la impunidad es perpetua y que se puede estar siempre al margen de la ley. Es el gran equívoco que los conduce a su caída. Suele tardar la ley, pero al final llega.
La organización criminal que desde hace varios años encabeza Agustín Lozano, ha empezado su declive y la unión entre el delictivo presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y los miembros de su Directorio que secundaron sus actos, empieza a quebrarse, a tal punto que tres directores de la FPF, que durante meses avalaron al corrupto Lozano, ya corrieron a la Fiscalía a prestar sus declaraciones tratando de librarse de las responsabilidades penales que cargan encima.
Un golpe certero ocurrió el día viernes 23 cuando se hizo pública la decisión de la Segunda Sala Civil Comercial de la Corte Superior que dejó sin efecto la medida cautelar que la FPF había obtenido, en meses pasados, para apropiarse de los derechos de televisación del fútbol peruano.
Lozano había logrado que un juez le conceda una medida por la cual se suspendieron los contratos de televisación entre los clubes peruanos y el Consorcio Gol Perú y luego le concedió, además, que FPF se convierta en la única institución capaz de autorizar quién televisaba los partidos del torneo peruano.
En suma, el juez, presunto colega de Agustín Lozano en el oficio de corrupción, se trajo abajo contratos válidamente suscritos por los clubes con el Consorcio Gol Perú se zurró en el art. 62 de la Constitución que otorga la libertad de contratación y encima le dijo a la FPF “los estadios son tu chacra y decide quién entra a televisar y quién no”.
La Corte Superior acaba de decir basta y aplicó la ley dejando sin efecto la medida cautelar a favor de la FPF de Lozano. Por lo tanto, los contratos de los clubes con el Consorcio Gol Perú están vigentes como siempre lo estuvieron y la FPF no tiene ninguna autoridad para intervenir en el tema de los derechos de televisión. En concreto, la justicia peruana ha dicho que los clubes negocien con el consorcio y decidan lo que tengan que decidir sobre las transmisiones por televisión. Es decir, el tema de los derechos de televisión no tiene por qué pasar por el escritorio del corrupto cacique de Chongoyape.
El efecto es demoledor para el negociado que pretendió armar Lozano. Quiso apropiarse de los derechos de televisión, la única fuente de ingreso firme que tienen los clubes peruanos desde hace más de una década con un esquema que funciona bajo un criterio válido: cada club negocia directamente con el consorcio televisivo. En esa negociación libre y con base en las reglas del mercado, cada club ha venido obteniendo cifras que les permiten funcionar y cumplir con los pagos a su plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y empleados.
Hasta que apareció Lozano con su ambición sin límites. Tras haber desplumado a la FPF vio que el último reducto con ingresos importantes era el de los derechos de televisión y se le ocurrió un plan de ignorante. Pensó que él está por encima de la ley —así actuaba cuando fue alcalde distrital de Chongoyape— y pretendió que ese dinero, millones de dólares, pase por su escritorio y él quede como encargado de repartir la torta televisiva que no es suya sino de los clubes. Un absurdo.
Por ello, el dictamen de la Corte Superior da lugar a que los contratos firmados por los clubes con el Consorcio Gol Perú deban respetarse y las partes involucradas decidir sobre sus ingresos. En una palabra a Lozano le dijeron ni eres rey ni tu palabra es la ley. Y a los clubes les devuelvan la oportunidad de seguir contando con ingresos.
¿Qué es lo que viene? Una etapa en la que veremos si prima la razón o la corrupción de los dirigentes de ciertos clubes. En concreto, Alianza Lima, Cienciano, Melgar y Binacional han sido los únicos clubes que desde un inicio han estado del lado de la ley y respetaron las reglas de juego a pesar de las múltiples amenazas de sanciones que quisieron establecer Lozano, su directorio y sus comisiones. El resto de clubes ha estado al margen de la ley acompañando las trapacerías de Lozano.
Ahora, esos clubes, si desean retornar a la honestidad, saben que tienen que negociar con el Consorcio Gol Perú en cumplimiento de la cláusula de preferencia que tiene vigente cada contrato. Ningún club tiene oferta de ninguna empresa televisiva, por lo tanto, tendrán que respetar la cláusula de preferencia que Lozano los obligó a no reconocer ofreciéndoles la estafa de la empresa 1190 Sports.
Pero no hay que olvidar que también se abre un problema: los clubes que se fueron con Lozano una vergüenza en el caso de dos grandes como Universitario y Sporting Cristal tendrán que responder por los daños económicos que han generado con su ilegal actitud de participar en la patraña orquestada por Lozano con sus socios chilenos de 1190 Sports que quisieron ser los administradores del fútbol peruano.
La conclusión principal es que los dirigentes de los clubes tendrán que decirle a sus hinchas de qué lado están. ¿Van a seguir apoyando las delictivas acciones de Lozano a cambio de prebendas o van a actuar en función del beneficio de sus clubes?
La resolución que dictó la Corte Superior tiene un efecto: empieza a caer Lozano y su organización criminal y como suele ocurrir ya empezaron las divisiones y pronto vendrán las delaciones y esperemos que el fútbol peruano retorne a la cancha futbolera y se aleje de la cancha delictiva de los últimos años.
Los clubes Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Melgar de Arequipa y Binacional han estado en todo momento del lado de la ley y del respeto de las reglas de juego a pesar de las múltiples amenazas de sanciones que quisieron establecer Agustín Lozano, su directorio y sus comisiones.
El fallo declara “fundada la oposición interpuesta por Gol TV Latinoamericana SAC y Media Networks Latin América SAC, dejando “sin efecto la medida cautelar concedida por resolución 24 número Uno de fecha 16 de diciembre de 2022, variada por resolución número Tres de fecha 25 de enero de 2023”.
Resolución N.° 3
“Declarar improcedente la apelación interpuesta contra la Resolución Número Trece de fecha 25 de enero de 2023, que resolvió variar la medida cautelar concedida mediante Resolución Número Uno, su fecha 16 de diciembre de 2022; y, declarar nulo el concesorio de apelación dictado mediante Resolución Número Diecisiete, su fecha 27 de marzo de 2023”. (Tomado del diario Expreso).
